El proceso de paz en La Habana enmarca la mayor movilización por la paz de los últimos quince años. Contrario al caso de El Caguán, en donde se disminuyeron de manera notoria las acciones por la paz, el caso de La Habana muestra que la ciudadanía ha estado más atenta y activa, aportando en los escenarios de participación activados por la mesa de diálogos

 

La movilización por la paz en los procesos de diálogo y negociación en Colombia

La movilización por la paz en Colombia se correlaciona tanto con las dinámicas de la violencia y el conflicto armado como con la apertura de oportunidades para el logro de la paz. Los procesos de diálogo y negociación se presentan como ventana de oportunidad (García - Durán, 2006, p. 183) para la movilización de los sectores sociales, para promover la paz o rechazar la violencia.


Colombia cuenta con un amplio historial de acuerdos de paz con la insurgencia, marcado por sucesivos logros y frustraciones. Desde los años cincuenta, el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) acordó el desarme con las guerrillas liberales de los llanos, pero esto no se materializó en una paz duradera, pues sus líderes fueron posteriormente asesinados (como Guadalupe Salcedo). Cerca al fin de esa década se constituyó el Frente Nacional, acuerdo que estableció un ejercicio excluyente de la política, y desató profundos descontentos por parte de los sectores políticos excluidos, algunos de los cuales optaron por las armas en el intento por abrirse campo política y socialmente. En este contexto nacen las FARC-EP, el EPL y el ELN a mediados de los años sesenta.

A partir de los años 80, los sucesivos gobiernos han intentado acordar la paz con las guerrillas, unos de forma más exitosa que otros. Los procesos de paz que han tenido lugar en el país desde entonces deben leerse, no como momentos aislados, sino como un proceso continuo de intentos por tramitar los conflictos que históricamente han dado forma a la sociedad colombiana y han configurado el Estado.

Así, tras los años de represión de finales de los 70, epílogo del Frente Nacional, el gobierno de Betancur (1982-1986) abre las puertas para un proceso de paz con la insurgencia. La movilización por la paz de comienzos de la década apenas se dibujaba tímidamente y la ciudadanía en general se limitaba a hacer eco del nuevo anhelo nacional, pintando en las calles palomas de paz. Los sectores más proactivos políticamente y los defensores de DD.HH. marcaban el paso de la movilización social y política, exigiendo el cumplimiento y garantía institucional de los derechos. Para estos sectores la paz representaba la posibilidad de abrir espacio a estructuras más democráticas y participativas; tal fue el objeto de debate en varios foros y espacios de encuentro durante estos años como el III Foro por el derecho a la vida, la paz y la apertura democrática en 1983, en el cual se exigió al Gobierno investigar las actividades de grupos paramilitares como el MAS, Tiznados, Boinas Negras y Triple A y propuso que se crearan comités regionales de paz para facilitar la implementación de la Ley de Amnistía (Villarraga, 2013, p. 151).

Hacia el final de la década, la movilización por la paz fue viéndose claramente animada por las posibilidades de avanzar nuevamente en los procesos de dialogo con la insurgencia. Ya no con las FARC-EP, sino con grupos guerrilleros menos numerosos como el M-19, PRT, EPL y MAQL. Los pactos del gobierno Barco (1986-1990) con el M-19 en 1989 y el acuerdo político en marzo de 1990 fueron un paso determinante para alentar a la ciudadanía en la perspectiva de la paz y la apertura democrática. La movilización por la paz alentaba los debates y presionaba para que se avanzara decididamente en los acuerdos de paz y las reformas institucionales que le dieran sostenibilidad.

En las elecciones de 1990, la ciudadanía expresó gran respaldo a los procesos de paz en la perspectiva de apertura democrática que llevaron a la redacción de la nueva Constitución Política en 1991. En este periodo también se alcanzaron acuerdos de paz con el MAQL, PRT y una parte considerable del EPL. Debido a la amplia participación ciudadana en la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida a la Constitución, algunos consideran que fue un verdadero pacto de paz (1). Sin embargo, el escalamiento de la guerra llevó a que esta idea fuera cuestionada por la puesta en marcha de la política de seguridad de César Gaviria “guerra integral”, los ataques militares de las FARC-EP y el ELN a las Fuerzas Armadas de Colombia y el aumento de poder del narcotráfico y el paramilitarismo. Estos factores demostraron que la nueva Constitución no era suficiente para lograr la paz y que se necesitaban pactos políticos con los sectores de la insurgencia que aún estaban en guerra, y una mayor participación de la sociedad civil para alcanzarlos.

En este contexto, organizaciones y personas de los grupos recién reinsertados a la vida política sin armas buscaron presionar para que se reanudaran los diálogos con las FARC-EP y el ELN. Entre 1991 y 1997, la movilización por la paz fue aumentando con este objetivo, especialmente, desde 1995. Utilizando como bandera política el Articulo 22 de la nueva Constitución, “la paz como derecho de obligatorio cumplimiento”, se llegó a intentar crear mesas de diálogo regional durante la presidencia de Samper (1994-1998) y a la creación del Consejo Nacional de Paz.

El impulso masivo del Mandato Ciudadano por la Paz, en 1997, muestra la capacidad de incidencia de los sectores sociales a favor de la paz. Este año establece la cota más elevada de la movilización. Redes e iniciativas locales como la Red de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz (Redepaz), la Comisión de Conciliación Nacional y la Ruta Pacífica de las Mujeres son ejemplo de lo que en ese momento dio forma a una compleja y nítida estructura de movilización social por la paz en el país (García - Durán, 2013, p. 36). Paralelamente, hay que tener en cuenta que la protesta social también estaba en aumento, en particular en las zonas rurales en donde la reducción de ingresos fue uno de los principales problemas que afrontaron las comunidades campesinas durante todo el decenio.

De igual manera, la implementación de glifosato para atacar cultivos de uso ilícito en regiones del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Guainía, Meta, Cauca, Norte de Santander y sur de Bolívar dio fuerza a la movilización de muchos campesinos, pues, a partir de este momento, la solución a este problema dejó de ser regional, para convertirse en un problema nacional (CINEP/PPP, 2013, p. 12).

Debido a lo anterior, el debate para las elecciones presidenciales del año 1998 tuvo como eje la negociación del conflicto armado para alcanzar la paz. Los candidatos de los partidos tradicionales prácticamente disputaron el electorado exponiendo su capacidad para adelantar diálogos con las guerrillas. Mientras Horacio Serpa, del Partido Liberal, había iniciado acercamientos con el ELN, su contendor y ganador de las elecciones, Andrés Pastrana, de la Gran Alianza para el Cambio (Partido Conservador en alianza con un sector del partido liberal, encabezado por Alfonso Valdivieso), lo había hecho con las FARC-EP.

La presión que ejerció en ese momento la ciudadanía para que se abrieran diálogos de paz fue importante, pues al Mandato por la Paz de 1997 se sumó la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que tuvo su primera sesión en 1998. De este espacio surgieron propuestas importantes, pues en él confluyó la iglesia católica, parte de sector empresarial liderado por Ecopetrol, sindicatos a la cabeza de la USO, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Villarraga, 2013, pp. 95-97). Las propuestas de sectores empresariales durante este período estuvieron encaminadas hacia nuevos enfoques de responsabilidad social, pero debido al aumento de los secuestros de personas de los gremios por parte de las FARC-EP y el ELN, en 1999 se promovió una campaña contra el secuestro que, con apoyo de los grandes medios de comunicación, se convirtió en una masiva campaña contra las FARC-EP bajo el lema “No Más”.

Las tensiones políticas de este período llevaron al descenso vertiginoso de la movilización por la paz. Ciertamente, la violencia paramilitar de estos años hizo mella en la movilización por la paz en todo el país, representó altos niveles de inseguridad para los/las líderes, las organizaciones y la ciudadanía en general, y así contrajo la movilización. A la vez, las iniciativas ciudadanas por la paz concentraron su atención en la zona de distensión, participaron en las mesas temáticas en El Caguán, aunque ello fuera un mecanismo tangencial y sin mayor posibilidad de incidencia en las decisiones de la mesa de diálogo entre FARC-EP y Gobierno. Lo anterior muestra que el papel de la ciudadanía fue más bien marginal y expectante de los resultados. Finalmente, los diálogos se rompieron en febrero del año 2002, cuando ya el debate para elecciones presidenciales tomaba fuerza.

La frustración fue generalizada, generó rechazo contra las FARC-EP y desconfianza en el mecanismo de las negociaciones. Las organizaciones promotoras de la paz apenas lograron reaccionar. Según Ana Teresa Bernal (como se citó́ en Villarraga, 2009), el fracaso de este intento de negociación también fue responsabilidad de la sociedad civil, pues: “No fuimos capaces de garantizar una movilización social ascendente [...]. Creímos que con el hecho de lograr que se sentaran a dialogar la tarea estaba hecha. No, era cuando más debíamos actuar, opinar, presionar” (p. 49).

El gobierno Pastrana diseñó el Plan Colombia como una apuesta a la profesionalización y modernización de la fuerza pública, mientras que las FARC-EP reforzaron sus frentes y comandancias y consolidaron mecanismos de financiación de la guerra a través del narcotráfico (2). Ante este escenario, gran parte del país se inclinó por la salida militar que representaba Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), quien mantuvo una ofensiva contra las FARC-EP y el ELN durante sus dos períodos de gobierno. Paralelamente, negociaba la desmovilización de los grupos paramilitares, mediante una serie de agendas y pactos secretos (Pacto de Ralito) que permitieron la implementación de mecanismos de justicia transicional, consignados en la Ley de Justicia y Paz.

Sin embargo, la política de paz durante los dos periodos de Uribe (2002-2010) tuvo resultados más bien ambivalentes. Efectivamente, se redujeron los ataques de la guerrilla y los índices de secuestro disminuyeron, pero fue menos efectiva para reducir las cifras de desplazamiento. También fue notorio el aumento de los abusos por parte de los agentes del Estado. Hubo ataques y espionaje contra miembros de las ONG, periodistas y activistas políticos; se registraron más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), en las que jóvenes inocentes fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate. En este escenario, la movilización expresa la polarización social y política respecto a los mecanismos de resolución de conflictos: negociar o confrontar.

Paradójicamente, mientras las organizaciones de víctimas sobresalieron en estos escenarios y en parte sostuvieron la movilización durante estos años, no se logró reactivar un movimiento ciudadano capaz de exigir diálogos con la insurgencia. En los acercamientos que el gobierno Uribe tuvo con el ELN, el papel del movimiento por la paz fue muy limitado; en los acuerdos con los paramilitares en Santafé de Ralito, prácticamente nulo. Por otra parte, el discurso de la paz estaba proscrito de la escena pública, aquellos que promovieran los diálogos, la salida negociada o rechazaran los atropellos de la acción militar de la fuerza pública y el paramilitarismo eran arbitrariamente asociados con la guerrilla.

Ahora bien, subrepticiamente, en medio de todo esto, operaba la diplomacia por la paz. Este ejercicio combinado de actores internacionales, funcionarios públicos e intermediadores civiles sirvió para explorar otros medios de acercamiento con la insurgencia. Tanto así que, tan pronto como Juan Manuel Santos asumió su primer periodo presidencial (2010-2014), cambió el discurso militarista del gobierno anterior, sorprendiendo al conjunto de la ciudadanía al anunciar su intención de iniciar diálogos con las FARC-EP. Ello reactivó de forma inmediata las redes nacionales de la movilización por la paz que se prepararon para este posible escenario promoviendo espacios de debate y dialogo (Santos - Calderón, 2010).

El proceso de paz en La Habana enmarca la mayor movilización por la paz de los últimos quince años. Contrario al caso de El Caguán, en donde se disminuyeron de manera notoria las acciones por la paz, el caso de La Habana muestra que la ciudadanía ha estado más atenta y activa, aportando en los escenarios de participación activados por la mesa de diálogos, especialmente lo ha hecho el sector de víctimas, que ha participado de forma directa.

Notas

  1. Cf. Rampf, D y Chavarro, D. (2014). “La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia – De la exclusión a la inclusión o ¿un esfuerzo en vano?”; De la Calle, H. (2004). “Historia íntima de la Constituyente de 1991”; Buenahora, J. (1995). “La democracia en Colombia: Un proyecto en construcción”. En contraste, Hernando Villa plantea en 1996 que es muy difícil considerarla como un pacto de paz, pues debido a que no tocó a fondo el tema de la reforma a las fuerzas de seguridad del Estado, esta podría terminar por convertirse en otra constitución para la guerra, como lo habían sido las anteriores constituciones (Valencia, 2012). Valencia, H. (2012). “Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano”.
  2. Para un análisis detallado de la correlación de fuerzas en el contexto de la Mesa de Diálogos de San Vicente del Caguán, véase: Jerónimo Ríos Sierra. (2015). “Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas”; Camilo Leguízamo. (12 de agosto de 2002). “Reflexiones sobre el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP (1998-2002)”.

Bibliografía

  • CINEP/PPP. (2013). Informe Especial. Luchas Sociales, Derechos Humanos y Representación Política del Campesinado 1988 – 2012. Bogotá́, D. C.: CINEP.
  • García - Durán, M. (2006). Movimiento por la Paz en Colombia. 1978-2003. Bogotá́, D. C.: CINEP.
  • García - Durán, M. (2010). Colombia: Conflicto armado, procesos de negociación y retos para la paz. En A. Vargas-Velásquez et al., Colombia: escenarios posibles de guerra o paz (pp. 251-285). Bogotá́, D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
  • García - Durán, M. (2013). ¿Hasta dónde se configuró un movimiento por la paz en Colombia en los años noventa? Pistas para una respuesta. En A. Villarraga (Comp.), Movimiento Ciudadano y Social por la Paz (Tomo IX, Biblioteca de la Paz 1980 -2013). Bogotá́, D. C.: Gente Nueva.
  • Santos - Calderón, J. M. (7 de agosto de 2010). Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. ¡Le llegó la hora a Colombia! Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/ Paginas/20100807_15.aspx.
  • Villarraga, A. (Comp.). (2009). Diálogo, negociación y ruptura con las FARC-EP y con el ELN (Tomo V). Bogotá́, D. C.: Fundación Cultura democrática.
  • Villarraga, A. (Comp.). (2013). Movimiento Ciudadano y Social por la Paz (Tomo IX, Biblioteca de la Paz 1980 – 2013). Bogotá́, D. C.: Gente Nueva.