Los compromisos con la paz

Columna de opinión de Lucia González Duque, miembro del Centro de Fe y Culturas, publicada en el periódico El Mundo, de la ciudad de Medellín, el 2 de abril del presente año.


Confundir los acuerdos de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC-EP, con la paz, es un error extendido que nos aleja de la comprensión, y sobre todo, del compromiso al que nos reta este momento histórico. Lo que el gobierno nacional ha propuesto al grupo insurgente es un cese al fuego, el fin de la lucha armada, para el que ha sido necesario firmar algunos acuerdos, porque las FARC no son un grupo armado derrotado. Como otras tantas en el mundo, esta guerra de guerrillas no fue posible superarla por la vía armada. Ni las promesas ni los esfuerzos de los gobiernos anteriores lo lograron.

El cese al fuego parece tenernos sin cuidado a quienes habitamos en las grandes ciudades, porque esa guerra no nos ha tocado o nos ha tocado muy poco. Recuerdo que un dirigente empresarial, víctima de secuestros, decía que aquí la mayoría de los desplazados ya no pueden contarse como tales porque el despojo del que fueron víctimas había sido hacía muchos años. Yo digo: era lo único que tenían, su tierra, su sustento, sus vínculos, sus costumbres, su lugar en el mundo. Pero eso nos parece poco. Confundimos la tierra con el territorio, por eso creemos que puede reemplazarse. Confundimos campo y libertad con ciudad y marginalidad. Tendríamos que hacer la tarea de asomarnos al dolor inmenso de los otros, para desatar la compasión que nos pondría en sintonía con el clamor de quienes han sido despojados, humillados, asesinados, desaparecidos. Y así, dejar de restarle valor al esfuerzo de terminar este conflicto armado.

Deberíamos igualmente leer, antes de opinar, el contenido de los acuerdos que pactan en La Habana, y hacer un esfuerzo por entender por qué en ellos se atiende a las necesidades de una población campesina, rural, despojada, abandonada por el Estado desde hace mucho tiempo. Aquí también habría que hacer el esfuerzo de asomarse a la realidad de esas poblaciones, sin salud, sin vías, sin justicia, sin oportunidades, para entender por qué es importante que se lleve a cabo la formalización de la propiedad de la tierra, una reforma rural integral postergada siempre, un plan para la atención de las necesidades humanas básicas del campesinado, una lucha contra las drogas ilícitas que no se ensañe contra las familias, que arrinconadas en la selva, no encuentran otro mercado para su subsistencia distinto al que ofrece el narcotráfico. Y valdría la pena imaginarse un país en el que el debate político abierto y democrático sea posible, y en él, todos los pensamientos y movimientos tengan cabida, un país con héroes vivos y no asesinados por la intolerancia ideológica y los intereses de unas clases, como Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez, Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán, decididos a servirle a la patria desde sus convicciones. Pactar un acuerdo de convivencia política es una deuda también con la democracia desde siglos atrás, con una verdadera democracia, no con esa de papel que nos conviene tanto a quienes vivimos cómodamente en las estrechas franjas de la inclusión y en los bien servidos centros urbanos.

Los avances en justicia transicional que se proponen para cesar este desangre seguramente no son perfectos pero son bastante serios, recogen los aprendizajes de muchos otros procesos de paz pactados en el mundo, y con seguridad, no están poniendo en jaque a la justicia ni a la democracia. En el centro han estado, por primera vez en la historia, las víctimas reales de este conflicto armado, y con ellas el gobierno ha acordado preservar los principios de verdad, justicia y reparación. Tanto ellas, como las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, las iglesias y otros, velarán porque se cumpla. Quienes están más preocupados y le hacen ruido a este acuerdo no son propiamente los dolientes. A ellos les interesa el fracaso de este gobierno, no ponen en el centro de sus posiciones radicales a las víctimas ni el dolor que ha vivido el país, para el que han tenido sobre todo propuestas de represión, ilegalidad o venganza. Sería bueno discernir qué intereses reales tienen quienes lideran la contra información, y a cambio de contribuir a encontrar salidas, insisten en ahondar los escollos. Su pensamiento divergente podría aportar muchísimo si el interés fuera realmente salvar la patria de este desangre.

En el Centro de Fe y Culturas pensamos que aquí está el reto para los sectores formados de la sociedad, para quienes nos preciamos de ser ilustrados o tenemos en nuestro haber, formación y recursos para ilustrarnos. Entender que la puerta que se abre para la construcción de la paz -que demandará a todos grandes esfuerzos sociales, humanos, políticos y económicos- parte de entender de verdad y no de oídas, qué es lo que está en juego. A la dirigencia política y económica, a los maestros y a los universitarios, nos corresponde leer, estudiar, debatir con seriedad a qué nos convoca este momento histórico, inédito e irrepetible. Cuáles han sido los costos reales para los hombres y mujeres, para el país. Podríamos leer al menos la síntesis, si no el texto completo, del Basta ya, Colombia: memoria de guerra y dignidad, (disponible en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica) o hacer una visita al Museo Casa de la Memoria en Medellín, para que la indignación que desate ver de frente el dolor, nos movilice, nos mueva del cómodo lugar en el que habitamos, y nos ponga por fin en el lugar de por lo menos 8 millones de seres humanos, víctimas directas de esta guerra, y nos pongamos por fin del lado de las soluciones políticas para ser artífices de la paz.