Analizando la historia de Colombia en el último siglo, es muy claro que el detonante principal del conflicto armado es la falta de acceso a la tierra para grandes mayorías.

La PAZ es un valor ante todo ético, espiritual, social y también político. Exige un clima adecuado, configurado por otros valores profundamente conexos con ella, como la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de todo ser humano y de todo ser viviente y a sus derechos fundamentales.

 

Origen, persistencia e impactos del conflicto armado en Colombia

Javier Giraldo Moreno, S.J., investigador y defensor de los derechos humanos y de las víctimas de la violencia en Colombia, llega a la conclusión de que en Colombia se han dado una serie de situaciones que han afectado a capas importantes de ciudadanos colombianos o a las mayorías de ellos, circunstancias que en confluencia con opciones y decisiones colectivas, han llegado a desatar un conflicto armado de larga duración.


Sobre el origen del conflicto armado en Colombia

Entre los elementos de conciencia que se han articulado con situaciones objetivas de opresión, explotación, exclusión y violencia, tuvo innegable incidencia la conciencia de que existe un derecho a rebelarse contra la injusticia, expresada en las estructuras concretas del poder dominante. La conciencia de tal derecho aparece clara en los documentos fundantes de los diversos grupos insurgentes y su dimensión universal había sido reconocida en las revoluciones del siglo XVIII en Francia y Norteamérica, y más tarde en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, como último derecho remedial, aplicable cuando los demás derechos universales son desconocidos.

La esencia de tal Derecho a la Rebelión es la comprensión de las relaciones entre un Estado y los ciudadanos que lo integran como la participación en una empresa común, lo cual implica que quien maneja los recursos, la coordinación del poder institucional y la elaboración y aplicación de las leyes, tiene que responsabilizarse de satisfacer al menos 5 necesidades biológicas de todos los ciudadanos por igual: la alimentación, la vivienda, el trabajo/ingreso, la salud y la educación, así como también al menos 3 necesidades de convivencia: la participación, la información y la protección. La no satisfacción de tales necesidades elementales, va llevando a disolver los vínculos entre los ciudadanos y el Estado – o en otros términos reconocer que ya no existe una empresa común entre ambos- y, en la medida en que esa disolución sea grave, prolongada y generalizada, se activa legítimamente el Derecho a la Rebelión.

Analizando la historia de Colombia en el último siglo, es muy claro que el detonante principal del conflicto armado es la falta de acceso a la tierra para grandes mayorías. Los mismos estudios del DANE muestran que desde el comienzo del siglo XX todas las tierras baldías estaban tituladas a favor de un reducido grupo de propietarios y que el creciente reclamo de tierra por parte de indígenas y campesinos fue respondido por los poderes de turno con negativas prepotentes y violentas, cerrando así la posibilidad de satisfacer, para las grandes mayorías, las necesidades biológicas más elementales entre las elementales, como eran las de alimentación, vivienda y trabajo, estrechamente ligadas al acceso a la tierra. Tal conflicto no se comprende cabalmente sin explorar simultáneamente cuáles fueron las características del Estado que se había ido configurando, que era ciertamente una estructura de poder elitista, excluyente y hegemónica, mediada por unos partidos que tenían esas mismas características y que zanjaban sus diferencias entre ellos mediante guerras que buscaban someter o eliminar al disidente. Los reclamos justos de las capas oprimidas fueron siempre estigmatizados mediante elementos ideológicos, religiosos o políticos que remitían dichos reclamos o propuestas al campo de lo ilegal, lo ilegítimo o lo demoníaco, apoyando así las formas de represión, de persecución y de violencia que se proyectan en terror y sometimiento. Un clímax evidente de estos comportamientos fueron los bombardeos de Marquetalia y demás territorios estigmatizados en 1964.

Sobre la persistencia del conflicto

Entre los años 40 y 60 del siglo XX el conflicto armado tomó formas más explícitas y agudas. En los 50, la élite gobernante acudió al gobierno militar frente a una violencia desbordada y luego a la solución del Frente Nacional que agudizó la exclusión y la hegemonía. Ya la dictadura militar había concentrado las medidas excluyentes y represivas contra los movimientos de base, englobándolos en la caracterización de “comunismo” (declarado fuera de la ley y criminalizada toda colaboración con él) al tiempo que inscribía al país en la ideología y estrategia de la Guerra Fría y adoptaba las directrices de los Estados Unidos para organizar la guerra contrainsurgente. Uno de los elementos de dicha estrategia fue el paramilitarismo, diseñado en la Misión Yarborough de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (1962), el cual busca borrar las fronteras entre los civil y lo militar; involucrar a la población civil en la guerra, ya como blanco de la misma o como combatiente (paramilitares) y a legitimar la persecución y eliminación de la población civil inconforme con la doctrina del “enemigo interno”, la cual cobija a toda la población inconforme con los patrones vigentes de exclusión y hegemonía, como blanco legítimo de guerra. De esta estrategia dan cuenta de manera muy explícita, tanto los discursos y documentos de numerosas jerarquías militares y civiles del Estado, como las leyes que legalizan el paramilitarismo de manera recurrente, así como los numerosos manuales de contrainsurgencia del ejército.

Después de los años 60 y concomitantemente con el desarrollo progresivo del conflicto armado, tanto las directrices recibidas de los Estados Unidos, como las preferencias de la élite gobernante, propenden por una solución militar al conflicto y por desatender y reprimir las reivindicaciones de los sectores sociales más oprimidos que continúan siendo el incentivo esencial del conflicto. Los indicadores sociales, particularmente los de acceso a la tierra, se hacen muchos más dramáticos. Entre los años 80 y el momento actual alrededor de 6 millones de personas son despojadas violentamente de sus tierras y lanzadas a la indigencia y a condiciones de vida inhumanas, al tiempo que la ideología militar del Estado y su estrategia paramilitar van implantando la violación masiva y sistemática de los derechos humanos más elementales: a la vida, integridad y libertad. Las cifras hablan por sí mismas.

Si bien la Constitución del 91 trató de diseñar un modelo de Estado más democrático, el tiempo fue mostrando que los patrones de exclusión, injusticia, represión, hegemonía y control elitista del Estado, permanecían los mismos e incluso más acentuados. El sistema electoral, en lugar de alimentar niveles progresivos de participación ciudadana en las decisiones, alimenta mecanismos de clientelismo y corrupción invasivos. El sistema de información y comunicación avanzó hacia un sistema de manipulación de las conciencias, al concentrar el derecho a informar en los grandes conglomerados de poder y dinero. El sistema económico evolucionó a una dependencia extrema de capitales multinacionales destructores del medio ambiente y saqueadores de los recursos naturales, arrastrando al tiempo la destrucción de comunidades que se oponen a sus intereses. La satisfacción a otras necesidades básicas como la salud, el empleo, la educación y la vivienda, el Estado la fue delegando a los capitales privados, cuyo principio eje de máxima rentabilidad lleva ineludiblemente a la degradación progresiva de esos servicios, degradación que hoy se vive dramáticamente en los servicios de salud, vivienda, empleo, educación y alimentación.

Aparentemente se han abierto espacios de participación democrática, pero las decisiones neurálgicas que más afectan el bienestar de la población nacional, como las decisiones sobre el modelo económico, sobre las extranjerizaciones de tierra y de recursos, sobre el comercio internacional, sobre la defensa nacional y los modelos de protección de derechos, sobre la injerencia de otros países, sobre las prioridades del gasto presupuestal, permanecen absolutamente ajenas a una consulta y decisión democrática. La corrupción del parlamento y de otros cuerpos colegiados no puede ser más repugnante, la separación de poderes es ficticia, el colapso de la justicia es un callejón sin salida y el sistema de partidos se convirtió en sistema de reciclamiento permanente de la corrupción. Todos estos factores hacen que el conflicto armado persista y se agudice.

Sobre los impactos del conflicto en la sociedad colombiana.

Lo que el conflicto armado ha producido en la sociedad colombiana en tantas décadas es difícil de inventariar. Los centenares de miles de ausencias, cuyas energías han ido siendo copadas por las energías arrogantes de sus victimarios, han ido reconfigurando el perfil de la sociedad, haciendo que el ajuste al Statu quo vigente sea imperante como tributo al realismo y la seguridad personal.

El hecho de que la inmensa mayoría de víctimas no hayan sido combatientes sino población civil inconforme, ha condicionado necesariamente la libertad de pensamiento, confrontándola con el instinto de conservación y llevando a que cada vez sean menos los que se atrevan a expresar y defender los ideales éticos auténticamente humanos.

La criminalización evidente de la protesta social lleva a desmontar necesariamente, bajo una hipoteca de terror, las opciones por una sociedad más justa. El miedo y la manipulación de las conciencias que ejercen los medios masivos, ha llevado a deformar y falsear lo que está en juego en el mismo conflicto armado, haciendo ver como algo perverso la lucha por la justicia y como algo encomiable y sagrado la defensa de la desigualdad, la exclusión, el lucro y la competencia, lo que equivale a la demonización de lo justo y la sacralización de lo perverso, llevando a que lo ético sea prácticamente desterrado del dominio de lo público.

El hecho de que el Estado haya asumido, bajo la imposición de los Estados Unidos, la estrategia paramilitar que se apoya en una ficción que camufla conscientemente lo ilegal en lo legal y lo militar en lo civil, ha obligado también al Estado a negar, ocultar y camuflar parte de su acción y de su identidad, llevándolo a un comportamiento esquizofrénico de ocultar y negar parte de su propio Yo. Tal comportamiento se proyecta de manera rutinaria en la mayoría de sus funcionarios, quienes echan mano de las formalidades del Estado de Derecho para identificar y justificar sus comportamientos, mientras niegan, ocultan y evaden enfrentar la realidad fáctica de la criminalidad del Estado al servicio del cual trabajan, permaneciendo solidarios de hecho con quienes perpetran los crímenes al ofrecerles la solidaridad más efectiva, consistente en negar el carácter estatal de tales comportamientos.

Recomendaciones sobre un proceso de paz

Un proceso de paz hace referencia obligada a la PAZ y ésta no puede consistir en un mero mecanismo contractual de cese de disparos pagado con determinadas contraprestaciones. La PAZ es un valor ante todo ético, espiritual, social y también político. Exige un clima adecuado, configurado por otros valores profundamente conexos con ella, como la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de todo ser humano y de todo ser viviente y a sus derechos fundamentales. Por ello el clima con que el gobierno ha rodeado este proceso de paz es el menos adecuado, ya por su lenguaje beligerante, ya por la continuidad de la guerra mientras se dialoga y su incitación permanente y pugnaz al ataque militar y al exterminio del adversario, todo esto adobado con el regocijo nunca disimulado que le producen las muertes propinadas a su ‘enemigo’, cuyos cadáveres y memoria son además envilecidos bajo los efectos morbosos de soberbias triunfalistas. Una ‘paz’ así lograda estará profundamente infectada de odio que germinará más temprano que tarde en nuevas violencias o conflictos armados. Se impone transformar radicalmente el clima en que se está buscando la Paz. Los medios han cumplido un papel decisivo en el ambiente de odio y de estigmatización, de falsedades y de sustentación de la injusticia. Por ello la democratización de los medios y un prolongado ejercicio de su democracia son necesarios para transformar el actual clima radicalmente impropio y contrario a la búsqueda de la Paz.